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Iguala: la crónica del horror

Iguala: la crónica del horror

Eso fueron los informes y videos presentados ayer por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y Tomás Zerón, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la propia PGR, cuya conclusión fundamental es contundente: todos están muertos.

 

Los detalles de la captura, ejecución e incineración de los cuerpos y las propias investigaciones de los métodos de exterminio y análisis de los restos, rebasan el terreno de lo macabro para transformarse en el más inhumano e ignominioso crimen colectivo que pueda concebirse. Es también el relato de la degradación a que puede llegar el ser humano. Pero es igualmente un grito de alerta sobre el actual escenario del país a causa de la miseria, la ignorancia, la injusticia, la corrupción y el abuso sistemático del ejercicio del poder asociado a la ambición ilimitada y al asesinato como instrumento cotidiano.

 

Por vez primera tenemos una versión oficial creíble de todos los acontecimientos, a partir de la noche del 26 de septiembre en Iguala y en base al testimonio clave de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, cabeza del grupo de ejecutores de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. A reserva de quienes, por morbo o por interés, quieran reproducir cada detalle, hay una argumentación que parece lógica: los estudiantes –en su mayoría de primer grado- fueron llevados desde Ayotzinapa hasta Iguala, guiados por un veterano de la normal apodado “El Cochiloco”; el objetivo era secuestrar camiones y hacer boteos; llegaron a la una de la tarde y estaban regresando a las siete de la noche, cuando fueron interceptados por la policía municipal de Iguala con la que tuvieron un choque que empezó con insultos y pedradas y terminó a balazos con varios estudiantes muertos; poco después son bajados de los camiones y trasladados en vehículos de carga y patrullas; entregados a los municipales de Cocula y a los sicarios del cártel de los “Guerreros Unidos”, comandados por “El Cepillo”; luego conducidos al paraje denominado Loma del Coyote donde son interrogados, tres de ellos sospechosos de pertenecer al cártel rival de “Los Rojos”; poco después serían ejecutados y más tarde incinerados con leña y llantas en una hondonada de 40 metros, identificada como el basurero de Cocula. Durante la mañana del 27, los restos fueron recogidos en bolsas de plástico y arrojados al Río San Juan.

 

Hasta ahí, el relato lineal parece convincente. Pero todavía hay huecos enormes que deben ser cubiertos por verdades pendientes, que aún son interrogantes: ¿Quién exactamente dio la orden de que fueran ejecutados? ¿Cómo fue que ningún soldado vio nada sospechoso, cuando el ejército mantiene una importante presencia en esa zona? ¿Cuál la razón de la fuga del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Angeles Pineda? ¿Fueron ellos o no quienes dieron la orden y por qué no están acusados del crimen? ¿Por qué nunca se ha explicado la presencia del coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, al lado de Pineda, en su fiesta-informe?

 

Y las preguntas fundamentales: ¿Los padres de los 43 de Ayotzinapa aceptarán la versión oficial de ayer? y ¿Será posible que el 26 de septiembre sí se olvide?

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